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En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha establecido que los abuelos, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y con respeto al principio de proporcionalidad, tienen la obligación de pagar una pensión alimenticia para afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres.
En los casos en que se discute la guarda y custodia compartida el Tribunal que dicte la sentencia debe aplicar el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente a la vista de los hechos probados, la conveniencia de que se establezca o no este sistema.
Y esto es porque el fin de la ley es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de éste.
En aquellos casos en que la vivienda familiar sea arrendada y el tribunal le haya atribuido el uso y disfrute de la misma al cónyuge que no figura en el contrato arrendaticio, aquél podrá permanecer en la vivienda si esa es su voluntad.
Para llevarlo a cabo no precisa autorización del arrendador pero deberá comunicárselo en el plazo de dos meses desde que fue notificada la sentencia acompañando copia de la misma.
Cuando la pensión compensatoria haya sido fijada por los cónyuges de común acuerdo en un convenio regulador, lo relevante para dilucidar la cuestión de su posible extinción sobrevenida es el valor vinculante de lo acordado, en cuanto derecho disponible por la parte a quien pueda afectar.
Así lo estipula una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de febrero de 2016 que recuerda que para acordar el régimen de guarda y custodia compartida es preciso que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales.
Una relación con actitudes y conductas que beneficien al menor, sin perturbar su desarrollo emocional, manteniendo un marco familiar que sustente un crecimiento armónico de su personalidad, pese a la existencia de una ruptura afectiva de sus progenitores.
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