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La jurisprudencia establece que los servicios sociales de la Administración Pública tienen obligación de cubrir la manutención de un menor cuando el progenitor alimentista ha justificado no ser capaz de hacer frente a la misma por hallarse en situación de pobreza extrema.
La cuestión jurídica a resolver es si el derecho e interés del demandante de tener un régimen de visitas con su hijo ha de primar a su situación de estar ingresado en prisión. Y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº Uno de la provincia de Valencia estima que la respuesta ha de ser negativa, ya que el cumplimiento de la pena privativa de libertad está sobre cualquier otro derecho que pudiera ser ejercido estando en libertad.
En el supuesto de que el cónyuge al que se le atribuyó la vivienda familiar la abandone voluntariamente, cabe la posibilidad de modificar el uso y disfrute de la vivienda familiar y atribuirla al cónyuge a quien no se le reconoció este derecho inicialmente.
Es una realidad incontestable que el denominado técnicamente ajuar familiar suscita muchas dudas entre los afectados y ante ello conviene hacer matizaciones que ayuden a solucionar los problemas que pueda plantear.
Existe la errónea creencia de que la custodia compartida de los hijos implica que los progenitores no tengan que pagar pensiones alimenticias, pues cada uno se hará cargo de los gastos durante el período que tenga la custodia de los menores.
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